Uno de los principales defectos que encuentro en este país es el hecho de que el interés personal y no el de la sociedad en su conjunto guíe las acciones de gran parte de los ciudadanos que habitan en él. Sin embargo últimamente, en determinadas opiniones (desde mi punto de vista totalmente erróneas), ni siquiera encuentro ese interés propio.
Después del primer consejo de ministros del actual gobierno una de las medidas que se tomaron fue la congelación de la oferta de empleo público, con excepción de algunos servicios básicos (educación, sanidad, fuerzas de seguridad y hacienda), en los que la tasa de reposición de plazas por jubilaciones no podría exceder del 10%. Días después, y según una encuesta publicada por El País y El Mundo, la mayoría de los ciudadanos apoyaban dicha medida.
Estamos viviendo una época en la que el punto de mira de los efectos negativos de la crisis se ha colocado sobre el trabajador público; sí, aquellos trabajadores de los que hace unos años, cuando estábamos en pleno boom inmobiliario y formábamos parte de los países más ricos del planeta, nadie se acordaba de ellos e incluso podían resultar unos parias dentro del mundo laboral, en algunos casos por sus sueldos exiguos y en otros por su falta de reconocimiento a nivel social. Sin embargo ahora parece como si esos trabajadores fueran los culpables de la crisis.
Me sorprende que ni siquiera el interés propio haga ver esta medida como negativa. No puedo entender qué error fundamental de análisis es el que puede impedir ver al trabajador público no como un servidor de todos, sino como un enemigo. No puedo entender qué error fundamental de análisis pueda hacer ver como positivo el hecho de que las plazas libres originadas por la jubilación de médicos, enfermeros, profesores, jueces, policías o administrativos queden vacantes. No puedo entender cómo alguien pueda apoyar el hecho de que en su hospital haya menos médicos cada año o que el profesor de su hijo tenga cada año más horas de trabajo y más alumnos por aula, precisamente por esa falta de oferta de empleo público.
Muchos ciudadanos no son aún conscientes de que ese maravilloso estado del bienestar del que tanto se habla es un derecho adquirido y que nos beneficia a la inmensa mayoría de los ciudadanos que vivimos en este país.
Aunque usted, que lee este blog, se pueda permitir pagar un colegio privado o concertado para sus hijos, también saldrá beneficiado de una escuela pública de calidad (si no piense en esos guetos llenos de múltiples bandas callejeras que existen en muchas zonas de Estados Unidos, surgidas en gran parte por esa falta de escuela de pública de calidad); piense que los niños de hoy serán los ciudadanos del futuro, y piense cómo querrá que haya sido la educación de esos futuros ciudadanos que le rodean.
Igualmente es un error pensar que por poder pagarse un seguro médico privado va a poder prescindir de una sanidad pública de calidad. Pocos ciudadanos de este país podrían soportar el elevado coste que supondría el tratamiento o curación de una enfermedad grave dentro del sistema sanitario privado.
Si pensamos tan sólo en el interés propio, deberíamos rectificar determinadas opiniones que apoyan esa tendencia a destrozar todo lo que tenga que ver con lo público. Piense en ello.
jueves, 26 de enero de 2012
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1 comentario:
Es natural que la gente arremeta contra los funcionarios porque su implicación en la situación económica actual que vivimos es evidente.
Todo el mundo sabe que los funcionarios son los responsables de la liberalización de la ley del suelo y por tanto de la burbuja inmobiliaria consecuente.
Todo el mundo sabe que los funcionarios son los responsables de las hipotecas subprime. Fueron ellos, sí, los que convencieron a los bancos de que prestasen dinero a gente insolvente y a su vez influyeron en las agencias de calificación para que dijesen a los inversores que eran productos seguros y que gozaban de las máximas garantías (esa misma garantía que niegan ahora a nuestra deuda pública).
Todo el mundo sabe que son los funcionarios los que han promovido los proyectos faraónicos de determinados ayuntamientos y comunidades autónomas.
Además, nadie podrá negar que son los funcionarios de la sanidad los que gastan el dinero a espuertas haciendo pruebas ridículas a personas que seguramente ni estén enfermas.
Y lo más indignante: Está claro que son los funcionarios los que manejan el dinero negro de este país porque no les ponen en la nómina ni la mitad de lo que cobran, aparte de llevarse comisiones al favorecer a determinados alumnos o curar a un enfermo. Sin hablar de las prejubilaciones indecentes de que disfrutan y que cargan en parte sobre el erario público.
Deberían aprender de la gente honrada. Gente que tributa cada peseta que gana, como los dentistas (por poner un ejemplo) y otros gremios. Deberían tener la decencia de los políticos y aprender de los inmaculados constructores. Y, por supuesto, deberían fijarse en la imponente dignidad de los banqueros.
Es en estos prebostes en los que han de mirarse y hasta que no alcancen los altos fines que a todos ellos les es común no veo porque la gente no va a estar indignada.
Sí. Los funcionarios son los culpables.
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